El presidente Daniel Noboa decidió trasladar el proyecto de una cárcel de máxima seguridad, originalmente planeado para Archidona (Napo), hacia el cantón Salinas en la provincia de Santa Elena . La medida responde a la intensa oposición social en la Amazonía, donde se registraron 15 días consecutivos de protestas.
La reubicación se confirmó tras una propuesta enviada por el alcalde de Salinas, Dennis Córdova , quien ofreció su territorio para el proyecto. En un oficio dirigido al ministro de Gobierno, José De La Gasca , el 16 de diciembre de 2024, Córdova argumentó que la obra representa «progreso y oportunidades» para su cantón. Además, asegura que Salinas cuenta con suficiente espacio físico, ya que el 60% de su territorio es rural.
Protestas en Archidona logran efecto
El conflicto en Archidona se desató luego de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) adjudicara, el 10 de diciembre de 2024, el contrato para construir una cárcel de máxima seguridad en esa localidad. La obra, valorada en USD 52 millones, generó rechazo porque se iba a edificar cerca de cuatro instituciones educativas.
Habitantes de Archidona, Tena y otras zonas amazónicas bloquearon vías principales y exigieron la reubicación inmediata del proyecto. Finalmente, el Gobierno cedió a las demandas y decidió mantener en Archidona únicamente una prisión de mínima seguridad, la cual será repotenciada .
La segunda carcel en Santa Elena
Esta nueva infraestructura será la segunda cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena. La primera se está construyendo en Juntas del Pacífico y se espera su inauguración para mediados de 2025. Ambas prisiones forman parte del plan de Noboa de edificar centros penitenciarios “al estilo Bukele”, inspirados en el modelo salvadoreño del Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT). ) .
No obstante, la reubicación en Salinas implicará ajustes al contrato vigente, adjudicado a Puentes y Calzadas Infraestructuras SL , una subsidiaria de la estatal china Road and Bridge Corporation .
La decisión del Ejecutivo busca garantizar la viabilidad del proyecto mientras atiende las demandas sociales de la región amazónica.
