La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) aprobó la Resolución Nro. UAFE-DG-2026-0017, la cual exige la implementación de matrices de riesgo, debida diligencia rigurosa y un plazo de 15 días improrrogables para actualizar información en el Registro Oficial.
QUITO. — En un esfuerzo por blindar la economía nacional y responder a estándares internacionales, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió la Resolución Nro. UAFE-DG-2026-0017. Esta nueva normativa de cumplimiento obligatorio regula la supervisión y prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, dirigida a todos los sujetos obligados bajo su control.
La resolución establece que los programas de prevención no podrán ser genéricos, sino que deberán adaptarse estrictamente a la actividad económica, tamaño y estructura de cada negocio. Para ello, los sujetos obligados deberán implementar metodologías de administración de riesgos, matrices de evaluación, monitoreo de operaciones y mecanismos específicos para la detección oportuna de transacciones inusuales o sospechosas.
Obligaciones clave y sistema SISLAFT Entre las disposiciones de mayor relevancia consta la elaboración, aprobación y el obligatorio registro del Manual de Prevención dentro del sistema tecnológico SISLAFT. Asimismo, se ordena el fortalecimiento de los procesos de «debida diligencia», lo que implica identificar y verificar con rigurosidad la información de clientes, beneficiarios finales, empleados y proveedores para evitar la infiltración de recursos ilícitos.
Para verificar el cumplimiento de estas directrices, la UAFE ejecutará supervisiones bajo dos modalidades: presenciales (in situ) y remotas (extra situ), mediante las cuales podrá evaluar controles internos, requerir documentación de soporte y,de ser necesario, imponer planes de acción correctivos.
Sanciones y plazos perentorios La normativa también endurece las consecuencias por faltas de los oficiales de cumplimiento. Las sanciones por incumplimiento contemplan la suspensión temporal de funciones —de 30 a 60 días— y la cancelación definitiva de su registro por hasta dos años, según la gravedad de las causales previstas. Adicionalmente, se estipula la obligación de conservar de manera íntegra todos los documentos y reportes de operaciones durante un plazo de diez años.
El tiempo corre para los sectores regulados: la resolución determina que los sujetos obligados deberán actualizar toda su información en un término improrrogable de 15 días, contados a partir de la publicación de esta norma en el Registro Oficial, fecha en la que entrará en vigencia formalmente.
Con esta reforma, la UAFE ratifica su compromiso político y técnico de estrechar el cerco sobre el crimen organizado y fortalecer la transparencia financiera en el Ecuador.







