Pastaza, Ecuador – En el marco de las directrices nacionales de seguridad, la Brigada de Selva N.º 17 «PASTAZA» brindó un férreo resguardo operativo al personal del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 durante una intervención destinada al retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de manera clandestina y sin autorización en espacios públicos y ejes viales de los cantones Pastaza y Mera.
Acciones de control y marco legal La intervención fue liderada directamente por los equipos técnicos del ECU 911, encargados de la desinstalación y el control de estos dispositivos, mientras que los uniformados del Ejército aseguraron el perímetro para garantizar el orden, la integridad de los funcionarios y el normal desarrollo de la labor institucional.
Estas diligencias se ejecutan en estricto cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.° 214, normativa que regula de manera rigurosa la instalación y funcionamiento de sistemas de monitoreo y videovigilancia en el espacio público a nivel nacional, con el fin de evitar el uso irregular de estas herramientas tecnológicas.
Contexto de seguridad en la Amazonía En los últimos meses, el uso de cámaras de seguridad instaladas clandestinamente en postes públicos y vías estratégicas se ha convertido en una modalidad frecuente utilizada por redes delictivas para vigilar los movimientos de la fuerza pública, coordinar actividades ilícitas y blindar sus operaciones al margen de la ley. El desmantelamiento de estos «ojos» no autorizados debilita significativamente las capacidades logísticas de las estructuras criminales en la región amazónica.
Las autoridades locales han enfatizado que estos operativos interinstitucionales continuarán replicándose de forma sorpresiva en diferentes sectores de la provincia de Pastaza, con el propósito de recuperar el control de los espacios públicos y salvaguardar la tranquilidad de la ciudadanía.
Compromiso institucional Con estas acciones coordinadas, el Ejército Ecuatoriano reafirma su firme compromiso de respaldar a las instituciones del Estado, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para que cada entidad cumpla con sus competencias constitucionales en beneficio de la paz y el orden público.
