CAÑAR — En medio de un contingente policial y fiscal desplegado bajo el Operativo Templo del Sol, el alcalde del cantón El Tambo, René Alonso Castillo Ortiz, fue detenido junto a otras dos personas tras una investigación por el presunto delito de peculado.
La intervención, ejecutada este martes 4 de agosto, incluyó allanamientos simultáneos en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de El Tambo y en domicilios vinculados en la provincia de Cañar, permitiendo a las autoridades recabar indicios clave para el proceso judicial.
Detalle de los aprehendidos y evidencias
Junto al burgomaestre —quien llegó al cargo respaldado por la coalición política Unidos por Cañar (Izquierda Democrática, Construye, RETO y AMIGO)— fueron aprehendidos:
- Edison Marcelo Espinoza Urgilez: Concejal en funciones y presidente del Comité de Festejos.
- Gabriel Gerardo Ortiz Abad: Contratista y promotor particular de eventos.
Durante los allanamientos, las fuerzas del orden incautaron equipos tecnológicos y documentación probatoria, entre los que destacan teléfonos celulares, computadoras de escritorio y portátiles, dispositivos de almacenamiento, contratos, así como talonarios y cajas con boletos vinculados a la causa.
Perjuicio económico y origen de la investigación
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el desarrollo de la operación táctica, la cual se originó a partir de una denuncia ciudadana. Las primeras pesquisas de la Fiscalía General del Estado apuntan a un manejo irregular de fondos públicos relacionados con la organización de un concierto internacional y la administración de los recursos recaudados durante las festividades de cantonización.
Según los informes preliminares de la Contraloría General del Estado, el perjuicio económico ocasionado a las arcas del GAD Municipal de El Tambo ascendería a 49.545 dólares.
Situación jurídica
Tras la respectiva audiencia de formulación de cargos, un juez de la causa dictó prisión preventiva para el alcalde René Castillo, el concejal Edison Espinoza y el contratista Gabriel Ortiz. Adicionalmente, el magistrado ordenó la prohibición de enajenar bienes por un monto individual de 16.515 dólares para cada uno de los procesados mientras avanzan las instrucciones fiscales.
