Un hombre se presenta ante las autoridades para denunciar una situación que ha afectado su vida profundamente. Hace cinco años, su hijo, identificado como Víctor Davila Taco, montó una clínica en una propiedad de cinco pisos que le pertenecía, ubicada junto al banco de la Austro. Aunque habían llegado a un acuerdo verbal para que su hijo gestionara la clínica, hasta la fecha de la denuncia, no ha recibido ningún pago de arrendamiento.
La situación se agrava debido a una deuda de aproximadamente 20.000 dólares en concepto de alimentos que el denunciante debe a su ex conviviente, la madre de su hijo, con quien solían trabajar juntos en el negocio y los ingresos del hogar. Tras la separación, ella se quedó con el negocio, lo que ha dificultado aún más la situación financiera del denunciante.
Para intentar cubrir esta deuda, el denunciante se ha dedicado a trabajar como vendedor ambulante de legumbres, pero sus ingresos no son suficientes. Ahora, busca que su hijo cumpla con el acuerdo de arriendo de la propiedad para poder hacer frente a esta deuda pendiente.
El denunciante también menciona que ha iniciado un proceso de demanda de disolución conyugal para repartir los bienes, incluyendo la casa en cuestión, pero enfrenta obstáculos en el proceso. Además, su salud se ha visto afectada, ya que se encuentra detenido en la cárcel con una boleta parcial y padece una enfermedad ósea. La falta de pago en la cárcel lo expone a dificultades adicionales por parte de otros presos.
El denunciante muestra documentos que respaldan sus pagos de alimentos y un peritaje realizado por un tercero. Sin embargo, el proceso legal se ha demorado considerablemente, lo que le causa una gran angustia.
En medio de su desesperación, el denunciante hace un llamado a su hijo para que tome en cuenta que es su padre y que le proporcionó educación y oportunidades. Espera que su hijo colabore para poder saldar sus deudas pendientes y recuperar la paz en su vida. Considera que su hijo ha hecho adecuaciones en la propiedad debido a regulaciones del Ministerio de Salud, pero insiste en que el acuerdo de arriendo debe ser cumplido.
Este caso plantea una situación familiar complicada que ahora se encuentra en manos de las autoridades para su resolución.
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