El Ejecutivo ha puesto en marcha un ambicioso plan para reordenar las finanzas de los gobiernos locales. El pasado miércoles 28 de enero, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para la Eficiencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), una reforma económica urgente que busca garantizar que los recursos estatales se transformen en servicios básicos y no en nómina administrativa.

La «Regla del 70/30»: El corazón de la reforma El punto más disruptivo del proyecto es la modificación al Código de Organización Territorial (COOTAD) para establecer un límite estricto al gasto corriente. De aprobarse, alcaldías y prefecturas estarán obligadas a destinar mínimo el 70% de sus presupuestos anuales a inversión y capital (obra pública, mantenimiento y servicios). El restante 30% será el techo máximo permitido para gastos operativos y salarios.

Mecanismos de control y sanciones La propuesta no se queda en la sugerencia. El proyecto otorga facultades al Ministerio de Economía y Finanzas para retener las transferencias mensuales de aquellos municipios o prefecturas que excedan el límite de gasto en burocracia. Además, se implementará una plataforma digital de trazabilidad obligatoria donde cada contrato deberá ser transparentado en tiempo real.

Asimismo, la ley prohíbe la creación de nuevas vacantes o contratos ocasionales en los seis meses previos a cualquier proceso electoral, con el fin de erradicar el uso proselitista de los fondos públicos.

Trámite legislativo y tensiones El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto este lunes 2 de febrero y lo remitió a la Comisión de Gobiernos Autónomos. La Asamblea Nacional tiene ahora un plazo de 30 días —hasta el 27 de febrero— para tramitar esta ley. Se espera una fuerte resistencia de las asociaciones de municipalidades (AME) y prefecturas (CONGOPE), quienes han calificado la medida como una posible vulneración a su autonomía financiera.