El pueblo amazónico no descarta llevar adelante acciones judiciales en contra de la petrolera y de las personas que atenten contra el pueblo de Sarayacu. Los habitantes de Sarayaku acompañados de su abogado Mario Melo, exigieron al Gobierno ecuatoriano retire las 1,5 toneladas de pentolita (explosivos) que se encuentran enterradas en varias partes de la zona, ubicada en la provincia de Pastaza, en un radio de alrededor 20 kilómetros. Asimismo, rechazan la explotación de los bloques 79 y 83 expresado en un convenio firmado, por el Gobierno Nacional con la empresa petrolera ANDES PETROLEUM.
«Somos patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de clavado por la UNESCO, ahora tenemos un gran amenaza de explotación petrolera en bloque 79 y 83 por la empresa andes petróleon»
Además, el anuncio de convocatoria a una nueva ronda de licitación petrolera para este año (2016). La petición la realizaron en una rueda de prensa esta mañana en la sede la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), ubicada en el norte de Quito. Esta acción fue respaldada por Jorge Herrera, presidente de la CONAIE y las mujeres de la comunidad Sápara Mario Melo, explicó que la pentolita es un poderoso explosivo que pone en riesgo a quienes se dedican a la caza, la pesca y la recolección de frutos en esta parte de la Amazonia del país.
“El bloque 79 afecta 6700 hectárea del territorio Sarayaku, mientras que el bloque 83 impide libre movilidad”, explicó Manari Ushigua, presidente de la Confederación de la Comunidad Sápara del Ecuador. Para la nacionalidad de Sarayaku es «irresponsable» que el presidente Rafael Correa haya declarado que los explosivos ya no existen porque se disolvieron o fueron vendidos a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Gloria Ushigua, representante de las mujeres Sápara dijo que su pueblo será por la petrolera.
“No tengo miedo a Correa”, dijo. La mujer Sápara añadió que si es necesario recurrirán a instancias internacionales para que se cumpla con la sentencia emitida el 27 de julio del 2012 por la corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), que se retire la pentolita de la zona.
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