Las autoridades ejecutaron un operativo en la provincia de Pastaza que dejó como resultado el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en espacios públicos. La medida responde a directrices nacionales orientadas a precautelar la seguridad ciudadana y prevenir que sistemas particulares sean controlados por organizaciones delictivas.
Motivos de la intervención y riesgos detectados.
De acuerdo con la información oficial, el despliegue busca evitar que dispositivos sin autorización oficial capten información sensible sobre los movimientos de la ciudadanía. Se advirtió que diversas cámaras detectadas en zonas urbanas estaban operando sin el aval correspondiente o bajo el control de grupos de delincuencia organizada, lo que representaba un riesgo directo para la integridad y privacidad de los habitantes.
A nivel nacional, la estrategia ya ha permitido retirar más de un millar de dispositivos similares que operaban al margen de la ley.
Proceso de recuperación y normativa vigente
Las autoridades aclararon que los propietarios cuyos equipos fueron retirados podrán solicitar su devolución cumpliendo los siguientes parámetros:
Plazo de retiro: Los dueños cuentan con un plazo de hasta treinta días posteriores al operativo para acudir a las oficinas de la Zona de Atención del Servicio Integrado de Seguridad en la ciudad de Ambato, presentando los documentos que acrediten su propiedad.
Reubicación obligatoria: Los equipos devueltos únicamente podrán ser instalados en propiedades de carácter privado, quedando terminantemente prohibido su emplazamiento en la vía pública o espacios de uso común.
Interoperabilidad: Aquellos ciudadanos o barrios que deseen mantener sistemas de videovigilancia orientados hacia la vía pública deben contar obligatoriamente con la interoperabilidad coordinada a través del sistema oficial del ECU .
Reuniones informativas con la comunidad
Como parte de las acciones posteriores al operativo, las instituciones de control mantendrán mesas de diálogo y reuniones con dirigentes barriales, como los representantes del sector Miraflores, para socializar los procedimientos legales, aclarar dudas de la comunidad y fomentar mecanismos seguros de vigilancia articulados con el Estado.
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