La tarde del sábado 9 de noviembre, Mónica S. fue retenida en la comunidad de Tomabela, en la parroquia de Pilahuín, Ambato, tras ser acusada de una estafa masiva que afectó a comuneros, empresarios y profesionales de las provincias de Tungurahua y Pastaza. La mujer es señalada de engañar a decenas de personas a través de un falso proyecto turístico, que supuestamente contaba con el financiamiento de una Organización No Gubernamental (ONG).

Según los denunciantes, Mónica R. ofreció empleo durante cinco meses a varias personas bajo la premisa de un proyecto que incluía la construcción de un hotel estilo europeo, actividades de senderismo y la potenciación de la memoria histórica de la zona. Sin embargo, ninguno de los trabajadores recibió pago alguno por su labor.

El perjuicio económico se estima en aproximadamente 280 mil dólares solo en la jurisdicción de Pilahuín, aunque la cifra total podría ser aún mayor. Entre los afectados se encuentran Alejandro Tamaquiza, expresidente del Gobierno Parroquial de Pilahuín, quien reclama el pago de 1.680 dólares por dos meses de trabajo; Cristian Montesdeoca, quien sufrió un perjuicio de 3.716 dólares por la provisión de alimentación a los trabajadores; y Javier L., quien vendió computadoras por un valor de 8.500 dólares para el proyecto y tampoco recibió el pago acordado.

Los afectados, al descubrir que la ONG mencionada por Mónica no existía, comenzaron a reunir pruebas que evidencian varias irregularidades. Entre ellas, la falsa afirmación de que la madre de Mónica había fallecido, lo que contribuyó a sembrar más dudas sobre la veracidad del proyecto.

Durante una reunión celebrada el sábado, los afectados expresaron su frustración y exigieron el pago de lo adeudado. «Queremos que pagues lo que nos debes», «dejamos el campo por venir a ganar un sueldo que nunca nos llegó», fueron algunas de las consignas de los comuneros presentes.

Por su parte, Mónica S. negó las acusaciones y afirmó tener documentos que respaldan la legitimidad del proyecto. Aseguró estar en contacto con una mujer en Suiza, quien, según ella, era la encargada de gestionar los pagos. Sin embargo, la mujer afirmó que aún no había recibido los fondos prometidos.

Las autoridades locales, junto con los dirigentes de las comunidades afectadas, continúan evaluando la situación. En las próximas horas, se discutirá la posibilidad de un ajusticiamiento indígena y la reparación económica para los perjudicados. Hasta el cierre de esta edición, Mónica S. permanecía retenida en el centro comunal de Tomabela, a la espera de una resolución sobre su caso.