Puyo, Ecuador – Santiago Vaca, uno de los propietarios afectados por las invasiones en el sector de Lotización Suárez, en la provincia de Pastaza, Ecuador, exigió este lunes a las autoridades municipales y fiscales que tomen acciones para detener el acaparamiento de tierras y las invasiones ilegales.
Vaca, quien tiene un predio de 1.040 metros cuadrados en el sector, denunció que desde hace varios años ha sido impedido de ingresar a su propiedad por personas que se han asentado allí de forma ilegal.
«El asunto es que no nos permiten entrar ahí, somos impedidos de llegar a nuestros predios y ejercer nuestro legítimo derecho», dijo Vaca en declaraciones a un medio local.
El propietario señaló que la solución al problema está en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización, que establece que los gobiernos autónomos descentralizados deben tomar todas las medidas necesarias para evitar invasiones o asentamientos ilegales.
«Es el municipio quien tiene su propia ley, que debe actuar y no lo está haciendo conforme a lo que dispone la ley», afirmó Vaca.
El propietario también denunció que el acaparamiento de tierras en el sector es una actividad ilegal que está siendo impulsada por traficantes de tierras.
«Ellos pueden ser traficantes de tierra, luego lo venden a otro, es una cadena de… Por supuesto, el negocio es este», dijo Vaca.
Exigió a las autoridades municipales y fiscales que actúen de oficio para detener las invasiones ilegales y el acaparamiento de tierras en el sector de Lotización Suárez.
Datos adicionales
- Según el propietario, en el sector de Lotización Suárez hay aproximadamente 18.000 hectáreas de tierra que están siendo acaparadas por pocas manos.
- El propietario denunció que el tráfico de tierras es una actividad ilegal que está siendo impulsada por el señor Milton Vargas.
Conclusión
Las declaraciones de Santiago Vaca , ponen de manifiesto la gravedad del problema de las invasiones ilegales y el acaparamiento de tierras en el Ecuador.
Las autoridades municipales y fiscales deben actuar de oficio para detener estas actividades ilegales y proteger los derechos de los propietarios afectados.
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