La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, junto a Íñigo Salvador, procurador General del Estado; Walter Sandro, director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo; Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades y Juan Pablo Albán, director de las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, analizó la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza.

El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la comisión, expresó que es necesario construir una ley que sirva a la gente y a las instituciones, evite los excesos y brinde herramientas para proteger a la ciudadanía.

El Procurador del Estado expuso su desacuerdo con el uso de los términos asumidos con relación a las armas menos letales, porque las armas de mayor o menor grado causan daño. Sostuvo que la Asamblea para resolver el veto debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos y al texto constitucional.

Walter Sandro, director Nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo, sugirió ratificar el texto propuesto por la Asamblea Nacional, considerando que la rendición de cuentas es un principio transversal para mantener la transparencia en las gestiones que realiza el Estado en todos sus niveles.

Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas puso énfasis en las limitaciones que tienen los gobiernos autónomos descentralizados por mandato constitucional, por lo que les preocupa que se los califique como órganos de control.

Juan Pablo Albán, docente y Director de las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, señaló que el uso de la fuerza debe estar definido por la excepcionalidad, planeado y limitado proporcionalmente por parte de las autoridades cuando han fracaso todos los demás medios de control.