En un movimiento audaz para recuperar el control del sistema penitenciario, el Gobierno ha anunciado que los presos serán reubicados en celdas y pabellones de acuerdo con la severidad de sus delitos. Esta medida, tomada tras la intervención militar y policial el nueve de enero, busca desmantelar el poder de las organizaciones delictivas que antes dominaban las instalaciones carcelarias.

Según el bloque de seguridad, actualmente las fuerzas armadas controlan 16 de los 35 centros penitenciarios en el país. La redistribución se basará en las personas con sentencias firmes, a incluir al 83% de los 31,321 presos registrados en el último censo penitenciario. Esta reubicación, planeada desde 2020, busca corregir las prácticas previas de agrupar a los presos según afiliaciones delictivas, en violación del reglamento de distribución de reclusos vigente desde agosto de ese año.

La implementación de esta nueva distribución será coordinada entre el SNAI, las fuerzas armadas y la policía, manteniendo la fecha de ejecución en reserva por motivos de seguridad. Esta decisión marca un cambio significativo en el enfoque del sistema penitenciario hacia una clasificación basada en la gravedad del delito, edad, sexo y nivel de seguridad, en lugar de afiliaciones delictivas previas.