En horas de la madrugada del día de ayer miercoles 12 de marzo llegaron alrededor de 360 policías a la comunidad de “ KINTI RUNALLACTA” kilómetro 20 vía a Macas con la intención de realizar un desalojo cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado Primero de lo Civil como parte de un proceso judicial de Reivindicación, que no se pudo cumplir ya que las personas demandadas no estaban en las casas en las que fueron uno por una preguntando junto con la Intendenta de Policía Chela Chacón, el abogado de la familia interesada y varios policías.
Para Antonio Kubes abogado defensor de los accionados de Kinti manifestó, desde un tiempo atrás llegué a conocer la sentencia reivindicatoria que se había dictado en función de estos terrenos de Kinti, entonces al revisar la sentencia que me entregaron las personas que me contrataron mis servicios, les manifesté que en cuanto a la sentencia no se puede hacer mayor cosa ya que está ejecutoriada en tercera instancia y únicamente lo que toca es cumplir y que se debe dar estricto cumplimiento, es decir se ordena el desalojo pero solamente a las personas que han sido demandadas dentro del proceso y que han formado parte del derecho a la legítima defensa, en ese ámbito no hay ningún inconveniente y si están los demandados serán desalojados ya que incluso han sido previamente notificadas las sentencia, mientras el resto de personas que no tienen ningún proceso legal al no ser procesados, tienen todo el derecho de permanecer acá mientras no se justifique por parte de quienes pretenden ser dueños del predio y se proceda a juicios que puede ser administrativo o judicial.
Según David Pérez Zapata Abogado defensor de los accionantes Regulo Chávez y Mariana de Jesús Pérez Zapata manifestó, “ Vinimos con la señora Intendente de Policía por hacer el desalojo, pero en forma muy estratégica la señora intendenta a solicitado primero una verificación de quienes actualmente se encuentran en posesión de este predio”, en consecuencia hemos visto las 25 casas, todos los demandados han puesto a terceras personas, con cédula en mano indicando que desconocen a los dirigentes, a los procuradores comunes que les defendieron en ese tiempo, sin embargo están en posesión de 14 a 15 años y por confesión de algunos de ellos mismos dicen que las casas están a nombre de los accionados, por eso se a diferido la diligencia de desalojo por esa razón, en la medida de que el estado protege al propietario de los inmuebles y la tierra no existe confiscación, incluso el centro Kinti se ha construido con plata del gobierno en terreno ajeno eso es ilegal, Contraloría tiene que verificar quien ordenó construir en terreno ajeno esas platas son mal gastadas y algún funcionario debe devolver al estado.
El centro educativo bien podían haber solicitado un terreno para su funcionamiento, tengo entendido que inclusive al centro educativo le suspendieron desde Quito la administración no puede funcionar mas, el director está mintiendo y voy para Quito a verificar que se suspendió definitivamente la presencia de este centro.
Pablo Tamayo Coronel de Policía que acompañó al mando del personal policía indicó, “para realizar el proceso judicial contamos con 366 miembros policiales, favorablemente sin ninguna novedad.
En los vídeos se mira más detalles:
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