La Audiencia Nacional de España resolvió aprobar la extradición de Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias “Pipo”, considerado uno de los delincuentes más peligrosos de la región y principal líder de la organización criminal transnacional Los Lobos. El procesado deberá regresar a territorio ecuatoriano para cumplir con una condena pendiente por un violento asalto bancario cometido en el año 2010.
Un historial de violencia y una «muerte» fingida
El requerimiento de la justicia ecuatoriana se centra en una sentencia condenatoria por un asalto a una entidad bancaria perpetrado en 2010, un delito que dejó un perjuicio económico de treinta y ocho mil dólares y tres personas fallecidas durante la persecución posterior, acumulando una pena inicial de dieciséis años de prisión.
La historia delictiva de “Pipo” dio un giro radical en febrero de 2021, en plena crisis carcelaria del país, cuando se registró de manera fraudulenta un certificado de defunción por COVID-19 a su nombre. Mediante esta maniobra legal, el cabecilla consiguió extinguir formalmente su pena y permanecer como un «muerto legal» ante el Estado, mientras continuaba dirigiendo operaciones de minería ilegal y coordinando rutas internacionales de narcotráfico desde la clandestinidad.
Operación internacional, cirugías plásticas y captura en Málaga
Tras huir a Europa, Chavarría se radicó en España utilizando una identidad falsa de origen colombiano. Para burlar de manera definitiva a los cuerpos de seguridad internacionales, el líder criminal se sometió a siete cirugías plásticas y faciales con el fin de modificar drásticamente su rostro.
Sin embargo, las labores de inteligencia coordinadas permitieron ubicarlo y detenerlo en noviembre de 2025 en la ciudad de Málaga, durante el despliegue del operativo internacional Renacer. Durante los procedimientos de defensa en Europa, el procesado se opuso tenazmente a su repatriación argumentando temor por su vida; no obstante, tras recibir las garantías formales sobre las condiciones penitenciarias por parte del Gobierno ecuatoriano, la justicia española dio luz verde a su entrega formal para que responda ante los tribunales del país.
