AZUAY — Un escenario de extrema violencia conmocionó a la provincia del Azuay este domingo 9 de agosto de 2026. Las autoridades locales confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de ocho personas —siete hombres y una mujer—, los cuales fueron localizados en una zona rural de difícil acceso en el sector El Carbón, perteneciente al cantón Pucará. Las víctimas presentaban signos de sevicia, desmembramiento y decapitación.
Angustiosa búsqueda y alerta de los familiares
El trágico descubrimiento se originó gracias a la persistencia de los familiares de las víctimas, quienes, tras perder todo tipo de comunicación con ellos y notar su ausencia prolongada, decidieron emprender una búsqueda por cuenta propia en esta agreste zona minera.
Al llegar al sitio, los allegados se percataron de indicios alarmantes que los llevaron a dar aviso inmediato a la Policía Nacional. Los cuerpos se encontraban distribuidos y sepultados clandestinamente en dos fosas, con cuatro cadáveres en cada una.
Escena del crimen: Violencia extrema y vehículos incinerados
De acuerdo con el reporte preliminar emitido por las unidades de investigación policial, la escena del crimen revela un ataque perpetrado con extrema saña:
- Estado de los cuerpos: Las víctimas presentaban evidencias de haber sufrido torturas, desmembramiento y decapitación.
- Armas empleadas: Los indicios iniciales apuntan a que los perpetradores no habrían utilizado armas de fuego, ya que los cuerpos no presentaban impactos de bala; en su lugar, se presume que el ataque se ejecutó con armas blancas, específicamente machetes.
- Evidencia material: En los alrededores de las fosas, los uniformados hallaron dos camionetas completamente incineradas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión premeditada y violenta vinculada al control del territorio.
Pucará: Un foco crítico de minería ilegal
El sector donde ocurrieron los hechos está identificado por las autoridades como una zona de alta vulnerabilidad y conflicto debido a la proliferación de actividades extractivas irregulares. Según las primeras indagaciones, la mina clandestina cercana operaba sin ningún tipo de permisos y se presume que habría estado funcionando de manera informal durante aproximadamente un año.
El cantón Pucará ha sido escenario constante de operativos de control por parte de las fuerzas de seguridad debido a la expansión de campamentos mineros ilegales, los cuales suelen convertirse en zonas disputadas por redes delictivas.
Traslado y diligencias forenses
Personal de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) realizaron el levantamiento de los restos bajo estrictos protocolos de seguridad.
Los ocho cuerpos fueron trasladados en vehículos de medicina legal hasta un centro forense en la ciudad de Cuenca, donde se realizarán las autopsias de ley y los respectivos análisis antropológicos y genéticos para confirmar plenamente sus identidades y esclarecer las circunstancias exactas de este multihomicidio.
