Tomando como ejemplo el sistema de agua potable construido para Arajuno, el cual perdía funcionalidad al no haberse renovado las redes de distribución, se le preguntó al alcalde Germán Flores si con la construcción del proyecto de Río Blanco también se intervendría las redes de distribución para que no suceda lo mismo; el alcalde aseguró ante los medios que si se renovaría las redes de conducción ya que este era un proyecto integral.
Efectivamente, en un informe firmado por Francisco Almeida Navarro, quien en aquel entonces era consultor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y terminó siendo contratado como fiscalizador de la obra de Río Blanco, para la aprobación del crédito por parte del Banco del Estado para el nuevo, titula: “Informe de Viabilidad Técnica de los Estudios del Plan Maestro de Agua Potable, Mejoramiento de Redes de Distribución, Sectorización y Reducción de Pérdidas de la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza”.
Redes de distribución:
En este informe constan los presupuestos referenciales de los proyectos a implementarse para la ciudad de Puyo, tomando en cuenta todas las obras previstas en el diseño y son los siguientes: para el Proyecto Río Blanco: 4’437.194,01 dólares; mientras que para el plan de Sectorización y Ampliación de Redes: 901.300,62.
Como no se ha realizado ninguna intervención en el sistema de distribución, el verdadero costo del proyecto de Río Blanco debió haber sido de alrededor de 4 millones 500 mil dólares. Sin embargo, luego de su construcción ha recibido una inversión de cerca de ¡8 millones de dólares!
El precio se volverá mucho más alto cuando en el futuro se pretenda mejorar el sistema de distribución de agua potable para la ciudad, pues se han realizado varias obras de asfaltado de calles sin tomar en cuenta este importantísimo aspecto; por lo que se tendrá que romper el asfalto para emprender esta necesaria obra.
Foto: gráfico 1
Modificaciones arbitrarias:
Ahora bien, como las diferentes estructuras como planta de tratamiento y tanques de reserva no se han construido en los sitios determinados por los estudios y corren un gran riesgo de colapsar de manera catastrófica; para rectificar estos “errores” se tendría que realizar una inversión mínima de 1 millón de dólares más, por lo que el costo ascendería a 9 millones de dólares.
Sin embargo, el proyecto tiene otros defectos más graves; pues para abaratar los costos de construcción se hicieron grandes modificaciones arbitrarias, se desconoce hasta el momento quien las autorizó y si el fiscalizador informó sobre este particular. Sin tomar en cuenta lo señalado en los estudios y sin fundamento en estudio alguno, la captación se construyó en un área donde las aguas del río Blanco se expanden, a 80 metros de lo establecido por los estudios, de tal manera que los sedimentos que arrastra el río se acumulan en esta zona y produce taponamientos constantes en la toma de la captación. Para mitigar en algo este problema se tendrá que implementar nuevas obras lo cual encarecerá más el proyecto.
Otra de las modificaciones realizadas al diseño original fue la colocación de las tuberías de conducción del agua desde el río Blanco hasta la planta de tratamiento; en lugar de respetar el diseño por donde se conduciría la tubería, los tubos fueron colocados a la orilla del camino, lo cual supone que la conducción se vería expuesta a las vibraciones de los automotores y por consiguiente peligraría su estabilidad y se producirán constantes averías. Todo este encarece aún más el proyecto.
Foto: gráfico 2 y gráfico 3
La fiscalización
Sostener este proyecto, en el caso de que llegara de alguna manera a funcionar, resultaría muy costoso para los habitantes de Puyo y el cantón Pastaza y un martirio para las futuras administraciones municipales. Sin embargo el fiscalizador, Francisco Almeida, ha emitido criterios públicos totalmente favorables a la empresa constructora y a la construcción misma. Se desconoce si entregó a algún personero municipal alguna observación sobre la marcha de la construcción.
Resulta extraño también que un consultor del Miduvi, quien firma el informe avalando la necesidad de la construcción de los proyectos de agua potable y de las redes de distribución, se embarque posteriormente como fiscalizador del proyecto recibiendo por ello una onerosa remuneración. Se tenía una estimación inicial de sus ingresos en 200.000 dólares por un año de servicio, aunque nuevos datos hacen prever una remuneración mucho más alta, lo cual deben informar las autoridades municipales. La fiscalización más cara que se haya pagado en la provincia de Pastaza y porcentualmente en el país.
Pero el Gobierno Municipal cuenta con sus propios fiscalizadores, sin necesidad de una inversión fastuosa; son los 7 concejales cantonales quienes tampoco han realizado objeción ni observación alguna durante la construcción del proyecto, no realizaron un seguimiento por su cuenta ni han presentado a la ciudadanía un informe que permita estar al tanto de lo que realmente ocurría en la construcción de la gigantesca obra. Que luego de haberse “concluido” la construcción alguno de ellos haya emitido algún tibio pronunciamiento eso no significa fiscalización.