Ecuador atraviesa uno de los años más críticos en materia de violencia de género. Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, el país registró 349 femicidios, según datos difundidos por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea). La cifra incluye femicidios íntimos, familiares, sexuales, transfemicidios y asesinatos vinculados a estructuras criminales.
Los datos revelan un patrón alarmante: 40 de las víctimas eran niñas o adolescentes, mientras que 109 eran madres, dejando en la orfandad a al menos 137 menores.
Impacto directo en la niñez y adolescencia
Aldea alerta que, en Ecuador, cada 22 horas una mujer es asesinada. La víctima más joven fue una bebé de 11 meses; la mayor, una mujer de 83 años.
De las mujeres asesinadas, 17 habían denunciado previamente episodios de violencia, cuatro contaban con boleta de auxilio y siete fueron víctimas de abuso sexual.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización también reportó que dos mujeres permanecen desaparecidas desde 2024.
Además, el balance revela que 31 de las víctimas mortales fueron reportadas como desaparecidas antes de ser halladas sin vida, y 14 estaban embarazadas al momento del crimen.
Armas de fuego: el principal mecanismo de violencia
El informe evidencia un incremento del uso de armas en los crímenes contra mujeres. El 78% de los femicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que el 9% involucró armas blancas. La tendencia refleja el aumento de la violencia criminal organizada, que también afecta de forma directa a mujeres y niñas.
Desde 2014, año en que el femicidio fue tipificado en la legislación ecuatoriana, Aldea ha documentado 2.331 casos.
Violencia criminal y cuerpos como territorio de guerra
En su publicación, Aldea retoma la perspectiva de la antropóloga argentina Rita Segato, quien sostiene que los asesinatos de mujeres y niñas cometidos por mafias, pandillas, grupos criminales y estructuras estatales deben considerarse femicidios.
“Hoy, en Ecuador, los cuerpos de mujeres y niñas están siendo utilizados como despojo, botín de guerra: para mostrar poder, marcar límites, ejecutar venganzas o sembrar terror”, señala la organización.
El informe de Aldea reaviva el llamado urgente a fortalecer políticas de prevención, protección y justicia para enfrentar una violencia que golpea con mayor fuerza a mujeres, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional.
