El Tribunal Séptimo de Garantías Penales declaró culpables a los seis policías implicados por el presunto delito de magnicidio contra el primer mandatario Rafael Correa por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. La pena estaría contemplada entre ocho y doce años de prisión. Los abogados esperarán que la sentencia condenatoria sea notificada por escrito a sus casilleros.
Según el juez, el fallo se realizó sobre la base de lo que él consideró una «conducta típica, antijurídica y culpable» por parte de los acusados Osvaldo L., Eduardo M., Luis G., Vinicio C., Jesús S. y Hugo B., declarados culpables tras dos semanas de juzgamiento.
El enojo de los familiares y de los procesados en la sala se hizo sentir de inmediato. «No solo los malos gobernantes le han hecho daño a este país. La justicia hoy es prueba de ello», dijo uno de los sentenciados cuando el presidente del Tribunal se retiraba. El abogado Ibarra esperaba ese veredicto, pero no por eso dejó de golpearlo. Su rostro evidenció el golpe. «El dolor es más fuerte para la familia». Para él la presión gubernamental fue evidente.
A su salida, Aurelio Salazar, otro de los abogados, explicó que tras haber probado la inocencia de los defendidos, Fiscalía realizaba una acusación «sin pruebas». Con ello coincidió Luis Armijos, otro de los defensores. Él calificó la sentencia como «una barbaridad jurídica».
Armijos anunció que el grupo de abogados acudirá a organismos internacionales en busca de respuesta, entre estos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Milton Guanotasi, hermano de uno de los implicados, dijo que lo sucedido hoy solo fue un «teatro». Él considera que la justicia en Ecuador desapareció por completo y confía que el caso de su hermano sea resuelto en una Corte Internacional. «Desde que ellos están recluidos hemos sufrido mucho», señaló.
Guanotasi. Padre, madre, esposa y los cuatro hijos del acusado se quedan sin el soporte de su hogar. «Sus 18 años de servicio quedan en la basura». En febrero, su hermano recibió un diploma que destacaba su profesionalismo.
Similar situación vive Silvia Pino, esposa de Eduardo M., que llegó acompañada de su hija con quien escribió en un cartel «Libertad para Eduardo». La enfermera se arrepiente de haber llamado aquel día (30 de septiembre) a su esposo. Ella trabajaba en el Hospital Metropolitano de Quito.
«Mi esposo se preocupó por mí cuando lo llamé. Decidió ir a recogerme al hospital». No esperaba que aquella acción le costara su estabilidad familiar.
Ella dice que trata de olvidar ese día pero aquello hoy es imposible. «Solo Dios juzgará a quienes hoy juzgaron». La defensa espera la notificación de la Corte. (Red HOY)