Luego de que la justicia negara la medida cautelar que buscaba frenar el proyecto, los habitantes del barrio Nuevo Puyo anunciaron que no depondrán su postura y que agotarán todas las instancias legales y administrativas correspondientes. Los vecinos denuncian graves irregularidades, improvisación técnica y la destrucción de sus espacios recreativos por parte del Municipio de Pastaza.
Denuncias de improvisación y cambio de terrenos
Un representante del sector (y exconcejal de la localidad) expuso de forma documentada las aparentes inconsistencias en el manejo del proyecto por parte de la alcaldía:
- Terreno original descartado: El morador mostró un informe técnico del 26 de febrero de 2024, el cual recomendaba técnicamente que el albergue felino y canino fuera construido en un predio municipal de más de 2.300 metros cuadrados ubicado en el barrio Juan Montalvo. Los vecinos exigen explicaciones de por qué se cambió de ubicación de manera repentina.
- Informes de validación tardíos: Documentos internos del 12 y 17 de junio de 2026 demuestran que el fiscalizador de la obra solicitó la validación técnica de las condiciones del suelo en Nuevo Puyo cuando el proyecto ya estaba en marcha. La inspección técnica se realizó recién el 16 de junio de 2026, lo que, según los denunciantes, confirma una «completa improvisación».
- Deficiencias de servicios básicos: El propio informe técnico municipal de implantación revela que el lote en el barrio Nuevo Puyo no cuenta con alcantarillado sanitario adecuado, sugiriendo una conexión «posible» a la red de la vía principal, sin que conste una factibilidad real emitida por la empresa de agua (EMAPAST).
Impacto vecinal y reclamo por la falta de socialización
Los habitantes criticaron que la municipalidad iniciara los trabajos y adjudicara la obra sin un proceso previo de socialización ciudadana, vulnerando el derecho constitucional a ser consultados.
«La municipalidad ha destruido el lugar que teníamos en goce y beneficio de los moradores. Destruyó unos juegos infantiles, canchas de vóley e indoor que usábamos desde hace muchos años, afectando directamente nuestro derecho al buen vivir», manifestó el portavoz barrial.
Próximos pasos en la vía legal
A pesar del dictamen judicial adverso respecto a la medida cautelar, la comunidad informó que el expediente de investigación defensorial en la Defensoría del Pueblo continúa su curso, bajo la supervisión de la delegación de Chimborazo. Los moradores recalcaron que se mantendrán vigilantes y movilizados de forma pacífica acogiéndose al derecho a la resistencia.
Finalmente, rechazaron el uso de la fuerza pública municipal y policial como mecanismo de choque contra los ciudadanos que protestan, comparando la situación actual con los incidentes ocurridos previamente en el Mercado Mariscal.
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