La Penitenciaría del Litoral, considerada una de las cárceles más peligrosas de Ecuador, fue escenario de un amotinamiento que dejó 17 muertos y 15 heridos el pasado 12 de noviembre de 2024. Este hecho, el primero bajo la administración de Daniel Noboa, evidencia que las bandas criminales han recuperado el control sobre actividades ilícitas, como la extorsión y el cobro por la distribución de alimentos destinados a los presos.

Fuentes internas y familiares de los reclusos denuncian que organizaciones como Los Choneros lucran con la comida que el gobierno entrega a través de la empresa Conalec. Según estas fuentes, los internos deben pagar hasta $20 por recibir los alimentos. Además, extorsiones de $150 mensuales y amenazas contra familiares son parte del esquema de abuso dentro de la Penitenciaría.

La masacre en el pabellón 3 habría sido causada por disputas entre bandas, como Los Duendes y Mafia-18, por el control de este negocio ilícito. A pesar de la presencia militar, las bandas continúan operando con impunidad, dejando en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario.

Abusos en medio de la militarización

Aunque el Gobierno ha implementado la militarización para frenar el poder de las bandas, esta medida ha traído consigo denuncias de malos tratos hacia los internos. Organizaciones como Insight Crime han recogido testimonios de exreclusos que relatan abusos por parte de los militares, como golpes, torturas y humillaciones. Nicolás, un exconvicto de la cárcel de Cotopaxi, denunció que los soldados llegaron a hundir su cabeza en agua helada durante los interrogatorios.

Por otro lado, familiares de reclusos señalan que la militarización ha suspendido actividades de recreación y talleres, elementos fundamentales para la rehabilitación. En algunos pabellones solo se permite una hora de ejercicio al día, mientras los talleres permanecen cancelados.

Negocios ilegales generan millones dentro de las cárceles

Un informe del portal Código Vidrio revela que las actividades ilícitas dentro de los 54 centros penitenciarios del país generan hasta $120 millones anuales. Estas incluyen la venta de drogas, armas, licor, y extorsiones tanto a reclusos como a funcionarios. Este sistema de corrupción permite a las bandas criminales mantener operaciones delictivas tanto dentro como fuera de las cárceles, incluso financiando asesinatos y otras actividades violentas.

Hasta el cierre de esta edición, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) indicó que se encuentra recopilando información sobre las denuncias, mientras que las Fuerzas Armadas no emitieron comentarios al respecto.

La crisis carcelaria en Ecuador no solo refleja la debilidad del sistema penitenciario, sino también la necesidad urgente de implementar soluciones estructurales que combatan tanto el poder de las bandas como las condiciones inhumanas dentro de los recintos penitenciarios.

Fuente La Hora